La verdadera evaluación deberá hacerse sobre la calidad de los servicios públicos, la rapidez con la que respondan las instituciones y la capacidad del Estado para convertirse en un facilitador del desarrollo económico y no en un obstáculo para quienes producen, invierten y generan empleo.
La decisión del Gobierno de fusionar varios ministerios abre un debate que va mucho más allá de una reorganización administrativa. Desde el sector productivo, nadie puede oponerse al objetivo de hacer más eficiente al Estado. Por el contrario, una de las principales demandas de quienes producimos, invertimos y generamos empleo ha sido precisamente contar con instituciones más ágiles, menos burocráticas y capaces de responder a la velocidad que exige una economía cada vez más competitiva.
La razón es sencilla: las ineficiencias del Estado no las termina pagando el propio Estado. Las termina pagando el sector privado.
Para actividades exportadoras como la acuicultura, esa realidad se vive todos los días. Cada certificado que demora más de lo necesario, cada autorización que se retrasa o cada trámite que permanece detenido representa un costo adicional para empresas que dependen de una logística internacional extremadamente sensible. Cuando una institución pública tarda más de lo que debería en prestar un servicio, no solo retrasa un documento; incrementa costos, resta competitividad y limita la capacidad del Ecuador para competir en los mercados internacionales. Por eso, cualquier esfuerzo orientado a simplificar procesos, eliminar duplicidades y mejorar la gestión pública debe ser bien recibido.
Sin embargo, una reforma de esta magnitud también genera expectativas porque reúne dentro de una misma estructura institucional entidades que históricamente han tenido responsabilidades diferentes. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la obligación de administrar las finanzas públicas con responsabilidad, mientras que las entidades vinculadas con la producción, la agricultura, la industria y el comercio exterior tienen la misión de crear las condiciones para que la economía crezca, aumente la inversión, se generen más empleos y el país fortalezca su capacidad exportadora.
Ambas responsabilidades son indispensables y ninguna puede desconocer a la otra. El desafío consiste precisamente en encontrar un equilibrio que permita mantener unas finanzas públicas sanas sin perder de vista que el crecimiento económico también requiere decisiones que fortalezcan la competitividad del aparato productivo.
Un ejemplo claro es el tratamiento tributario de las materias primas destinadas a procesos de exportación. Desde el punto de vista de la administración financiera pueden representar una fuente adicional de ingresos para el Estado. Sin embargo, para quienes participamos en actividades productivas integran un encadenamiento exportador y, por lo tanto, gravarlas significa incorporar costos que terminan formando parte del producto que Ecuador vende al mundo. En otras palabras, terminamos exportando impuestos, reduciendo nuestra competitividad frente a países que no trasladan esa carga a sus exportadores.
Junto con esa expectativa también existe una preocupación razonable. La experiencia demuestra que, en ocasiones anteriores, los procesos de reorganización institucional han venido acompañados de reducciones presupuestarias y disminución de personal. El problema no radica en generar ahorros, sino en que esos ahorros terminen debilitando la capacidad del Estado para prestar servicios de calidad.
Esta preocupación resulta especialmente importante cuando se trata de instituciones técnicas como Agrocalidad o la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. Ambas cumplen funciones estratégicas para mantener la credibilidad sanitaria del Ecuador y garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales. Hoy ya enfrentan limitaciones importantes de recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios. Si dentro del proceso de reorganización esas limitaciones aumentan, el impacto no recaerá únicamente sobre las instituciones, sino sobre miles de productores y exportadores que dependen de respuestas oportunas para mantener abiertos sus mercados.
Por eso, el éxito de esta reforma no debería medirse únicamente por el número de ministerios que desaparezcan ni por el ahorro presupuestario que esto pueda generar. La verdadera evaluación deberá hacerse sobre la calidad de los servicios públicos, la rapidez con la que respondan las instituciones y la capacidad del Estado para convertirse en un facilitador del desarrollo económico y no en un obstáculo para quienes producen, invierten y generan empleo.
Como gremio seguiremos aportando con propuestas y observaciones porque esa es nuestra responsabilidad. Nos corresponde señalar aquello que consideramos necesario para fortalecer la competitividad del país y advertir cuando alguna decisión pueda afectar a los sectores productivos.
Esperamos que esta reorganización responda a una visión integral del desarrollo nacional y que su implementación se lleve adelante con la responsabilidad que una reforma de esta magnitud exige. Si el resultado es un Estado más eficiente, con mejores servicios y mayor capacidad para acompañar al sector productivo, todos habremos ganado. Pero si la búsqueda de eficiencia termina debilitando instituciones estratégicas para el comercio exterior, el costo volverá a recaer sobre quienes sostienen buena parte del crecimiento económico del Ecuador•